Múltiples y graves problemas azotaron la ciudad de Terrassa por la recogida de basuras y la limpieza de sus calles, actividades prestadas por empresas privadas hasta mediados de los ochenta. Una de ellas, concesionaria de los consignados cometidos, dejó un reguero de anomalías e ilegalidades: adulteración en los cobros, impagos, deudas, desviaciones de recursos, desmanes con el erario, acumulaciones, dejadez, mugre. Los vecinos acababan asumiendo el coste, como casi siempre, y la casa permanecía sin barrer, sucia, infestada, como la Hamelín de las ratas antes de la llegada del flautista. Entidades ciudadanas y los propios trabajadores implicados, con firmeza, solicitaban la municipalización del servicio, sin que el equipo de gobierno supiese bien qué música poner. Así las cosas, en julio de 1985, el Ayuntamiento de Terrassa, de mayoría socialista, decidía hacerse cargo directamente de la gestión de residuos en la ciudad, con la intención de “dar el máximo rendimiento económico” a la partida destinada y, al mismo tiempo, “posibilitar una mejora sensible de las prestaciones, consiguiendo, también, una rentabilidad de tipo práctico”. Los defensores de la nueva forma de gestión esgrimían los argumentos del beneficio social de lo público y del reparto general consiguiente. Con un legado conflictivo por el hacer anterior -privado-, nacía Eco-Equip como sociedad anónima de capital -público- municipal, encargada en Terrassa de la recogida de residuos y la limpieza viaria,  riego y alcantarillado.

Al año de su fundación, se descubrieron irregularidades en las cuentas de la novel empresa, dedicada de forma singular al saneamiento. El gerente de entonces, un tal Calatayud –cuyo nombre no era Dolores-, dimitió y se marchó. Poco después, el concejal responsable, un tal Valentí –cuyo apellido no era Almirall-, también dimitió, con prácticamente toda la oposición solicitando su cese. Fueron unos primeros años turbulentos, con contrariedades desde el arranque y desde la misma trasmisión. En el Pleno del Ayuntamiento, se leyeron distintos informes, con la gerencia de Eco-Equip justificando las prácticas habituales del sector. Allí, en el consistorio, se dijo que personas no legitimadas habían firmado acuerdos que rebasaban con creces sus facultades, generando derechos y obligaciones sin eficacia jurídica. Hubo baile de nombres en los órganos rectores de la sociedad. Hubo encierro de trabajadores, huelgas, protestas. Se habló de la utilización de medios ilegales e inadmisibles, de inyecciones de capital no programadas, de faltas de consideración al ciudadano, de procesos en la vía judicial y administrativa. Salieron a colación, en aquellos primeros tiempos de funcionamiento, actuaciones al margen del principio de legalidad, pérdidas abultadas, desajustes en los números presentados, ocultación de información, camiones circulando sin papeles en regla, falta de control jurídico, cesiones fraudulentas de vehículos, despidos nulos, donaciones dudosas, altas indemnizaciones, contrataciones de personal conflictivas, controvertidos baremos… Algún concejal de la oposición, incluso, abogaba, literalmente, por la “desaparición de Eco-Equip”.

Fue una época, en suma, en la que abracadabrantes trompetistas de lo privado y flautistas mágicos de lo público se enfrentaron por el modo de gestionar la desratización urbana. Y parecía que, tocaran lo que tocaran, orquestados por batutas  no del todo limpias, los niños iban a caer igual e irremediablemente en el arroyo (o en la llamada Riera del Palau).