El Ayuntamiento de Terrassa elaborará próximamente un estudio de mercado para la creación y constitución de una cooperativa municipal para las personas que viven de recoger chatarra, cartones y papeles en la calle, de manera irregular. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad el pasado mes de febrero de 2015 por todos los grupos políticos con representación en el consistorio, choca frontalmente con las sanciones que se pueden aplicar en la localidad a aquellos que manipulan los contenedores y los desechos allí depositados o en los sitios habilitados para tal efecto en la vía pública. Sin embargo, la propuesta, con un amplio consenso institucional, pues, va dirigida a los “más vulnerables entre los más vulnerables”, a aquellos cuya “única salida que tienen o que les queda para ganarse la vida” es el reciclaje esporádico, con la “voluntad de restituir la dignidad a las personas a ojos de la ciudadanía”. Todo, ergo, por el pueblo. Por el pueblo llano; eso sí, teniendo en cuenta la rentabilidad de la recuperación de dichos materiales, las cuestiones jurídicas inherentes, los más que probables problemas de gestión y el impacto en otros organismos municipales como la empresa pública Eco-Equip, la encargada de recoger los residuos en Terrassa. Pero todo por el pueblo, en suma, en la ciudad de las personas.

Los recolectores informales de chatarra, papel y cartón -una imagen hoy tan habitual como la de los que registran los contenedores en busca de comida-, cada vez más abundantes, cada vez más desesperados, cada vez quizá menos estéticos -para el canon de belleza del establishment-, cada vez sin duda más informales, todavía no se han pronunciado al respecto. Ni siquiera como ciudadanos. Ni siquiera como personas. Ni siquiera como mamíferos que son.