En el sector de la recogida de residuos y limpieza viaria en estado español -que viene a ser una balada en sí misma-, bien sea a través de concesiones externas o a través de servicios de gestión directa de la administración pertinente, históricamente, ha existido muchísima corrupción. Un buen número de mamones sin escrúpulos, también. A pesar de constituir una de las partidas presupuestarias más importantes manejada por los ayuntamientos y otros entes locales -que supone una gran carga fiscal para los ciudadanos, además-, hay que reconocer que demasiada atención no se ha prestado a la materia, que no se ha corregido la situación de base y que muchos controles han fallado a lo largo de estos últimos años. Así las cosas, no es raro encontrar casos recientes de pactos de precios, mordidas, facturas fantasma, pliegos a la carta, abuso de las situaciones de urgencia o emergencia, falta de concurrencia, fraccionamientos indebidos, proveedores colusorios, clientelismo, etcétera.

Siendo la recogida de basuras y la limpieza viaria asuntos cada vez más enjudiosos y esenciales, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, se tendría que replantear la forma en la que se compra y se contrata en el sector. Dirán, algunos, que poner más supervisión y control es instalar más barreras, generar más incomodidad y ralentizar todos los procesos, amén de acarrear consecuencias punitivas para el que brujulee con descaro hacia la irregularidad y la indecencia. Pero del mismo modo que una selección de personal adecuada (basada en criterios profesionales y en principios como la capacidad o el mérito) se amortiza al poco tiempo; la contratación pública bien hecha deviene en una mayor calidad de la prestación que se ofrece, por no hablar, por supuesto, de la percepción de mejora que experimentaría el ciudadano de a pie, eliminando despilfarros y gastos indeseados e innecesarios. Cosa que en el mundo basurillas, desde luego, no iría mal. Nada mal.